Por Karina Donángelo y Pablo Rodríguez
Todo hacía suponer, especialmente a las 9:50 de esa fría mañana de invierno en Buenos Aires, que se trataba de un lunes más en la vida de los argentinos. Los principales diarios privilegiaban, como la gran noticia del día, el triunfo de Brasil en la final del Campeonato Mundial de fútbol, organizado en los Estados Unidos. También se informaba una veda de autos en el centro de Buenos Aires. Otras noticias que se repetían en la tapa de los matutinos eran: la derrota de equipo argentino de tenis en la Copa Davis, y la muerte de Sebastián Piana, uno de los grandes creadores de tango. Clarín, el diario de mayor circulación en el país, dedicaba un informe especial a la reforma que se estaba efectuando de la Constitución Nacional, y La Nación anunciaba la realización de un censo económico y del choque armado entre palestinos e israelíes. Tres minutos habían pasado, tan solo tres, cuando el arquitecto Andrés Malamud, a cargo de las refacciones de la AMIA, Asociación Mutual Israelista Argentina, recorría e inspeccionaba las obras y el albañil David Barriga iba al fondo del segundo piso para terminar unos detalles. Sebastián Barreiro, de 5 años se dirigía al Hospital de Clínicas de la mano de su mamá, por la calle Pasteur, mientras que Romina Ambar Luján Bolan iba camino a la facultad y Jorge Lucio Antúnez le llevaba un café a un cliente. Sin embargo, ninguno llegó a destino. Ellos forman parte de las 86 víctimas del más sangriento atentado terrorista en la historia argentina. Exactamente a las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994 una bomba arrasó con el edificio de la AMIA; truncó sus sueños y esperanzas, y segó la vida de estas personas dejando, además, centenares de heridos.
El 17 de marzo de 1992, otra explosión había derribado la Embajada de Israel asesinando a 26 personas. Dos años mas tarde lo que parecía el fin del mundo se repitió en la sede de la AMIA / DAIA. El caos era total. Gritos, llantos, desesperación e incertidumbre hicieron que dos situaciones fatales se aunaran en el tiempo y dieran lugar a la ineficacia de los organismos de seguridad. Los médicos y camilleros buscaban sobrevivientes, también Defensa Civil, que además discutía con la Policía Federal - que asimismo participaba de estas acciones - sobre la organización y disposición de los vallados. En el medio, los bomberos pedían silencio para detectar a otras personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros, mientras se escuchaban las sirenas de las ambulancias a cuatro cuadras a la redonda. La tragedia se potenciaba con la llegada de voluntarios y curiosos que acudían al lugar. Las cámaras de televisión, que retrataban el espanto, eran otro impedimento para las tareas de rescate. El horror de aquellos momentos parece haber quedado en el olvido por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado argentino, y las palabras del presidente Carlos Menem "esta vez sí; esta vez sí atraparemos a los culpables" - pronunciadas en el programa de televisión Hadad & Longobardi, el 23 de julio de 1994 - parecen habérselas llevado el viento.
¿Será justicia?
A más de cuatro años del último atentado la justicia permanece sorda a tan fuertes explosiones, insensible a tanta desgracia y muda para revelar quienes fueron los culpables.
El expediente del caso AMIA es la causa número 1.156, caratulada "Pasteur 633 Atentado (Homicidio, Lesiones, Daños)", que suma 146 cuerpos de 200 fojas cada uno, lo que da un total de casi 30.000 fojas en julio de 1998.
Otras de las numerosas causas conexas son: la causa "Brigada", que vincula a la Policía Bonaerense y tiene más de 40 cuerpos. La causa "Armas", también con 40 cuerpos, establece la denominada "conexión carapintada". Hay más de 270 anexos y más de 10 cuerpos de expedientes con pericias. En los primeros tres años declararon 1.500 testigos, se realizaron más de 200 allanamientos, hubo casi 400 teléfonos intervenidos y más de 300.000 horas de escuchas telefónicas.
Interviene el juez federal Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbacia. Están presos, desde julio de 1996, el ex comisario Juan José Ribelli, los ex subcomisarios Irineo "Pino" Leal y Raúl Ibarra y los dos ex oficiales Diego Barreda y Mario Bareiro, considerados integrantes de la conexión local de los terroristas. También está encarcelado Carlos Telleldín, vendedor de autos robados y regente de una cadena de prostíbulos, acusado de proveer la Traffic que funcionó como coche bomba al grupo de policías anteriormente mencionados. La causa AMIA es un laberinto inextricable lleno de eslabones perdidos, versiones refutables, y cuestiones que llaman mucho la atención. Como parte de esta concatenación de "descuidos" por parte de la justicia, citamos algunos ejemplos:
La Corte Suprema ha sido muy cuestionada por parte de la comunidad judía. Los abogados de la DAIA y la AMIA habían pedido, a mediados de 1996, la recusación de uno de los miembros de la corte: Carlos Fayt. En abril de ese mismo año otro de los miembros del máximo tribunal, Adolfo Vázquez, se apartó de la causa luego de un pedido de recusación de la agrupación Memoria Activa -el grupo que nuclea a los familiares y amigos de las víctimas- que fuera rechazado por la Corte.
Por otra parte la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) presentó, el 8 de septiembre de 1997, un documento en el cual se inculpó a funcionarios y policías que trabaron la investigación por el atentado de la AMIA. Este informe fue elaborado por ex miembros de la Cámara Federal: Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, y Andrés D'Alessio. Ellos juzgaron a los integrantes de las Juntas Militares que funcionaron en el país durante la dictadura de 1976 a 1983. También participó el ex juez Eugenio Zaffaroni. Allí se señalan 22 hechos irregulares. Algunas son dignas candidatas al premio "Bochorno de oro", como las que se citan a continuación:
1. La Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Hugo Franco no respondió a los pedidos de informes hechos por el juez Juan José Galeano. La falta de informatización del sistema puso sobre el tapete la absoluta ineficacia de este órgano de control.
2. La Secretaría de Seguridad, que estaba a cargo del Brigadier Andrés Antonietti, no cumplió, en su momento, con la orden presidencial de difundir la recompensa de 2 millones de U$S para quienes aportaran datos sobre el atentado.
3. Desaparecieron 66 grabaciones del teléfono de Carlos Telleldín - uno de los detenidos - en el departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), una dependencia de la Policía Federal
4. Desaparición de la agenda telefónica de Telleldín como parte de la línea de encubrimientos y robo de pruebas.
5. Gestiones del diputado Emilio Morello (MODIN): las averiguaciones que hizo en la Cancillería para saber del testimonio del arrepentido iraní Moatmer Manucher y averiguar sobre el juez Galeano en Irán. El actualmente ex legislador perteneció al grupo militar conocido como "carapintadas", grupo al cual una de las pistas le adjudicaría la participación en el atentado ¿Por qué un legislador nacional, altamente sospechado, puede tener tanto interés en conocer las declaraciones del testigo?
6. Jorge Passero, ex jefe de la Policía Federal, fue denunciado por ocultamiento y desaparición de pruebas claves en los procedimientos hechos luego del atentado.
7. Al ex jefe de la policía bonaerense, Pedro Klodzcyk, se le pidió una declaración indagatoria porque los hombres que estaban a su mando no profundizaron la investigación acerca del destino que había tenido la camioneta Traffic (el supuesto coche bomba según las investigaciones judiciales)
8. El ex secretario de Seguridad bonaerense, Alberto Piotti, se lo llamó a declarar por haber sido nombrado en conversaciones telefónicas por varios de los policías implicados en el caso.
9. No se respetó la incomunicación de los presos dictada por el juez Galeano.
Anteriormente a la presentación de este documento, Alberto Piotti renunció a su cargo luego de que trascendieran las denuncias, algunas de las cuales lo involucrarían. Tampoco se pudo esclarecer que papel jugaron uno o dos helicópteros que sobrevolaron la sede de la AMIA en la noche del 17 al 18 de julio de 1994. Galeano ya había certificado la existencia de esos vuelos, pero aunque la Policía Federal informó la matrícula de los helicópteros, los pilotos nunca fueron llamados a declarar. Todavía no se aclaró que ocurrió con el volquete ubicado frente a la AMIA en el momento del atentado. Del mismo modo, los familiares de las víctimas piden que nuevamente comparezcan los dueños de la empresa de volquetes Santa Rita, de apellido Haddad, habituales compradores de importantes cantidades de explosivos.
Por otra parte los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento por los Atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA tienen vedado el acceso a la versión taquigráfica de sus propias audiencias con la Policía y la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).
En cuanto al juez que entiende en la causa, Juan José Galeano, es pública y notoria su entrañable amistad con el titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con el compadre de este, el fiscal Germán Moldes, afectado también a la causa. La historia de esta amistad nace cuando Galeano era secretario del juez Velazco, y se hizo cargo de la investigación de la extorsión al Sanatorio Güemes, que derivó en la detención del juez Remigio González Moreno, en donde Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, era uno de los abogados del sanatorio. La anécdota más jugosa con la que se recuerda a Galeano por los pasillos de Tribunales, es el "caso del pebete federal". Un 22 de mayo de 1994, exactamente a las 18:30 horas, en la antesala de la Secretaría Federal 17, el preso Gustavo Fabián Castelli osó deglutir un pebete de jamón y queso ajeno. Ante tamaña audacia el juez Galeano dio curso a una denuncia que culpa a Castelli por expropiar el sandwich, propiedad del oficial Ricardo Ignacio Durán. El apetito descontrolado del reo, según la óptica de Galeano, podía "constituir un ilícito de acción pública". Aunque la causa llegó al juzgado 10 del doctor Gustavo Literas, quien por obvias razones cerró el caso, igual quedó para la posteridad. Otra anécdota, narrada por Jorge Lanata en el primer número de la publicación revista "XXI", es sumamente elocuente del "apoyo policial" que recibe Galeano. El juez solicitó ayuda a la policía para encontrar a dos testigos, pero los días pasaban y no obtenía respuesta. Alberto Zuppi, el abogado de los familiares de las víctimas, los encontró en la guía telefónica: Rubén Chejfec (Guía de Telecom Argentina, Alfabética A-J, página 511 3ª columna, Capital Federal 97/98). El otro es Alberto Brescia (Guía de Telecom Argentina, Alfabética A-J, página 277 4ª columna, Capital Federal 97/98)
Donde los senderos se bifurcan
De las declaraciones de Galeano y sus dictámenes, de las manifestaciones de los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y AMIA, de funcionarios de distintos ministerios del Poder Ejecutivo (como el de Justicia y el del Interior), y de las investigaciones realizadas por algunos periodistas, se desprenden cuatro grandes hipótesis que buscan establecer la autoría material e intelectual de la destrucción de la AMIA. Tres de ellas constituyen pistas que maneja la justicia, mientras que la restante nunca ha sido tenida en cuenta por el juez Galeano. Las teorías vigentes para el juez señalan a Irán; a miembros de la Policía Bonaerense (fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires) y a la pista carapintada, conformada por un grupo de ex militares que participaron en levantamientos armados contra el orden constitucional. Las dos últimas conforman la denominada conexión local.
Sin embargo, la pista que incluye una posible participación del gobierno sirio se aborta en el ámbito oficial y es comentada por la prensa, por los legisladores y dirigentes opositores, y por Zulema Yoma, nada menos que ex esposa del presidente Carlos Saúl Menem.
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